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Irapuato, Guanajuato.- Aunque no fue un punto que entrara en el orden del día de la sesión de ayuntamiento celebrada este martes, la sanción impuesta a los miembros del ayuntamiento por el conflicto que se tiene con los ejidatarios de san josé de Jorge López, genero una breve discusión entre los ediles debido a que se quiere tratar el asunto en secreto.

Los ediles priistas solicitaron una sesión de ayuntamiento secreta para enterarse de los detalles de la sanción que les fue impuesta, sin embargo, el presidente municipal, rechazo dicha propuesta debido a que argumento que es un caso grave que requiere secrecía para no afectar a la administración municipal y aunque se hable de sesión secreta, finalmente la información se hace pública  dijo, Ortiz Gutierrez.

Armando de la  Cruz Uribe Valle dijo que hay diferentes puntos de vista, que le interesa discutir con el pleno por lo que insistió en una sesion secreta, sin embargo, el Primer Síndico Jaime Morales Viveros, señaló que por tratarse de un proceso legal vigente, no se puede tratar en una sesión.

Respecto al informe de la tesorería de los meses de marzo y abril, fue votado en contra de la fracción del PRI, donde el coordinador de la fracción priista del ayuntamiento, ventaneo, algunos rubros donde asegura se está gastando más de lo que se tenía planeado entre ellos el área de regidores que tiene un  gasto del 17% a pesar de que cada regidor paga su celular, incremento de sueldos 15 millones de pesos, y 2 millones de pesos más  en combustible 4 millones de pesos más en DAP, en el sistema de barrido 2 millones de pesos y 9 millones de pesos más  en obras públicas.

El regidor del PRI, insistió en que los números malos están bien planteados  y el proyecto de racionalidad no se está cumpliendo, Victor Zanella,  afirmó que no hay trucos, dolo ni mala fe y que los programas de austeridad se están llevando de manera puntual.

En el tema de seguridad, la  fracción del PRI, cuestionó el hecho de  que se le asignen policías a los centros comerciales porque consideran que es una empresa privada y tiene la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía, insistieron en que se debe firmar convenios con las empresas para que hagan su parte con la contratación de policía privada y en especial hicieron énfasis en la necesidad de obligar de alguna manera a los bancos a  que garanticen la seguridad de los usuarios dentro de las instituciones bancarias