Ante inseguridad diputada Arcelia González propone iniciativa para proteger a elementos de seguridad

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Guanajuato, Gto. Ante la ola de asesinatos y atentados contra agentes estatales y municipales, así como ministeriales en el estado de Guanajuato, la diputada local Arcelia González González presentó una iniciativa de ley para agravar los delitos cometidos contra los agentes y sus familias.

En la iniciativa propone adicionar una fracción VI al artículo 153 del Código Penal del Estado de Guanajuato, con el correspondiente corrimiento de la actual fracción VI a VII, a efecto de calificar las penas de lesiones y homicidio que se cometan en agravio de quien desempeñe funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia, de ejecución de penas, o de sus familias.

Los diputados no deben de ser expectantes, aseguró González, “el diseño legislativo que pretende dotar de mayor eficacia preventiva, disuasiva o ejemplificativa al Derecho penal en la presente iniciativa, no desplaza la responsabilidad ejecutiva para alcanzar la profesionalización de las funciones de seguridad pública y las relacionadas con la mismas, ni el mejoramiento de sus condiciones laborales y de seguridad social, pero ello tampoco es suficiente para que este poder legislativo sea solo expectante o crítico de esta realidad” señaló.

Es un hecho dijo que la realidad de la seguridad en la entidad, “se ha visto alterada y consternada por diversos hechos criminales”, luego de enumerar algunos de los asesinatos de los policías en diversos municipios, cómo Silao, Celaya, León, Comonfort, Valle de Santiago, Romita, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Salamanca.

Solo como ejemplo comentó “la muy reciente y sentida privación de libertad, tortura y crimen de tres elementos de seguridad pública del municipio de Salamanca”, aunado al asesinato del director de policía de Celaya, cuando salía de su casa en una comunidad de dicho municipio.

González González aseveró que hoy también es prioridad “la mayor salvaguarda para quienes hoy se deciden por las delicadas funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia y de ejecución de penas; así como hacer patente el agudo repudio social a todo acto que contra la vida y la salud se cometa en su agravio, si tuvieren como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de sus funciones, o en razón del desempeño de las mismas” culminó.