La noche del 30 de mayo de 2023, en la carretera estatal Silao–San Felipe
se registró un acto de violencia que cobró la vida de un transportista. Tras
haber estacionado su unidad a un costado de la vía, frente a una pensión,
donde bajó de su camión para alimentarse, el ofendido fue sorprendido
por dos sujetos que, con violencia, lo abordaron.
En un intento por defenderse, el conductor forcejeó con ellos, pero uno de
los agresores le clavó un objeto punzocortante en el pecho. El hombre
logró bajar de la unidad y caminar unos metros antes de desplomarse,
perdiendo la vida a causa de la grave herida.
El equipo ministerial y forense de la Fiscalía se dirigió rumbo a la
comunidad de Peñitas en Silao, lugar aledaño al sitio de los hechos, donde
se llevaron a cabo diversas diligencias bajo la conducción de un agente
del Ministerio Público, quien inició y dio seguimiento a la carpeta de
investigación hasta dar con los responsables, acreditar su responsabilidad
y obtener castigo conforme a la ley.
Desde el primer momento, el lugar fue procesado. Se recabaron indicios
materiales y orgánicos, se inspeccionó el camión, se levantaron
testimonios y se solicitaron registros de cámaras cercanas. El trabajo de
los peritos consistió en reconstruir la escena, establecer la secuencia de
los hechos y recolectar indicios para la identificación de los presuntos
agresores.
Paralelamente, el equipo de analistas de información cruzó datos hasta
perfilar a los probables inculpados: MANUEL GUADALUPE “N” y JOSÉ
FRANCISCO “N”. La Fiscalía reunió elementos que apuntaban a su
participación en el crimen, por lo que se solicitó al juez las órdenes de
aprehensión correspondientes, que fueron otorgadas y ejecutadas por
agentes de investigación criminal.
Ambos sujetos fueron ubicados, detenidos y puestos a disposición del
órgano jurisdiccional. En audiencia ante el tribunal, el Ministerio Público
presentó pruebas sustentadas en diversos peritajes, con los que se
acreditó la probable responsabilidad penal de los acusados en el
homicidio.
En la etapa final del proceso, un tribunal de enjuiciamiento emitió
sentencia condenatoria y ordenó que los responsables cumplieran una
pena de diez años de prisión, se cumpliera la reparación del daño
provocado a las víctimas indirectas.
