Irapuato enfrenta contingencia fiscal de 97.5 mdp; propone regularizar y pide investigar posibles responsabilidades
Irapuato, gto. 03 de septiembre de 2026. (asviknoticias,com).- El tesorero municipal de Irapuato, Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez, informó que el Gobierno Municipal se encuentra en una etapa de determinación derivada de una revisión realizada por la autoridad fiscal en materia de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que se analiza una propuesta de regularización que permita contener el costo financiero y evitar una controversia fiscal prolongada.
Explicó que, en el caso particular del municipio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo una visita domiciliaria relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales por concepto de retenciones de ISR. Durante el procedimiento, distintas áreas de la administración municipal, entre ellas Oficialía Mayor, Recursos Humanos y la Tesorería Municipal, proporcionaron la información solicitada por la autoridad.
A partir de dicha información, el SAT realizó un análisis de las bases gravables y exentas, así como de las retenciones que debieron efectuarse, para posteriormente compararlas con las cantidades efectivamente retenidas por el municipio.
El funcionario aclaró que actualmente el procedimiento se encuentra en una etapa de determinación y no de liquidación, por lo que todavía no se ha constituido un crédito fiscal.
Señaló que existe una etapa intermedia en la que el contribuyente puede optar por un esquema de regularización, situación que permitiría al municipio mantener una opinión positiva de cumplimiento fiscal y conservar la posibilidad de solicitar posteriormente las devoluciones de ISR que correspondan…..
“Estamos considerando un acto de regularización”, explicó el tesorero, al señalar que la intención institucional es solicitar a la autoridad fiscal que permita atender la contingencia mediante esta vía.
De acuerdo con la explicación presentada, una eventual liquidación y constitución de un crédito fiscal tendría consecuencias financieras y administrativas adicionales para el municipio, además de limitar la posibilidad de recuperar recursos mediante devoluciones de ISR efectivamente retenido.
El antecedente se remonta a un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento en 2022, mediante el cual se autorizó a la administración municipal, a través de la Tesorería y Oficialía Mayor, realizar acciones de regularización correspondientes inicialmente a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, y posteriormente hasta 2021.
El tesorero recordó que los ejercicios 2015 y 2016 ya habían sido objeto de revisiones y que en ese momento también se optó por un proceso de regularización. Posteriormente, explicó, se reactivó el procedimiento mediante una visita domiciliaria correspondiente a ejercicios posteriores.
La determinación que actualmente se encuentra bajo análisis representa una cuantía de 97.5 millones de pesos, por lo que uno de los puntos centrales planteados ante el Ayuntamiento es definir la presupuestación necesaria para hacer frente al eventual pago y concretar el proceso de regularización.
El funcionario indicó que se realizó una consulta mediante una orientación por correo electrónico, aunque posteriormente la autoridad solicitó que el planteamiento se formalizara. Aclaró además que el municipio no busca obtener una opinión vinculante de la autoridad estatal, sino únicamente un acompañamiento preventivo para tomar la decisión correspondiente.
Pago fiscal no exime investigación de Contraloría
El tesorero municipal subrayó que la decisión de regularizar y pagar la contingencia fiscal es independiente de las posibles investigaciones en materia de control interno y responsabilidades administrativas.
Explicó que el pago o regularización ante el SAT tiene como objetivo contener los costos de la contingencia fiscal y normalizar la situación del municipio ante la autoridad tributaria, pero no impide que la Contraloría Municipal revise los hechos que dieron origen a la situación.
En este sentido, informó que el 1 de septiembre de 2026 presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría Municipal, con el propósito de que ese órgano conozca los antecedentes, analice la documentación y, en su caso, realice las investigaciones correspondientes para determinar si existieron posibles responsabilidades administrativas.
Precisó que la decisión presupuestal y financiera que adopte el Ayuntamiento para atender la contingencia fiscal no prejuzga ni sustituye las actuaciones que correspondan a la Contraloría.
De esta manera, la propuesta institucional contempla dos rutas paralelas: por un lado, avanzar en la regularización fiscal para evitar que la contingencia genere mayores costos financieros y, por otro, permitir que el órgano de control interno determine si existieron omisiones, errores o posibles responsabilidades administrativas durante los ejercicios revisados.
