Irapuato, gto. 13 de septiembre de 2026. (asviknoticias.com).- El fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, reconoció que persiste una deuda institucional con las familias de personas desaparecidas, particularmente en casos que permanecen sin resolverse desde antes de 2018 y 2019, así como en la identificación de cuerpos que continúan sin ser reclamados.
Cuestionado sobre la capacidad de la Fiscalía para atender las investigaciones pendientes y sobre los casos que no han derivado en la detención de presuntos responsables, el fiscal sostuvo que la responsabilidad no corresponde únicamente a la institución que encabeza.
“Mientras quede una persona más por localizar, hay una deuda de las instituciones, no únicamente de la Fiscalía”, afirmó.
Vázquez Alatriste reconoció además que persiste la inconformidad entre las familias que continúan buscando a sus seres queridos y señaló que el dolor de quienes enfrentan una desaparición no termina mientras no exista una respuesta.
El fiscal defendió, sin embargo, que Guanajuato se encuentra, junto con el Estado de México, entre las entidades que más personas localizan a nivel nacional, tanto con vida como sin vida.
Respecto a los resultados de las investigaciones, informó que recientemente se han obtenido sentencias por delitos relacionados con la desaparición de personas. Entre ellas mencionó una condena de 156 años de prisión por desaparición forzada, dictada un día antes de la entrevista.
El funcionario consideró que este tipo de resoluciones demuestra que la Fiscalía mantiene investigaciones y obtiene resultados; no obstante, no proporcionó cifras específicas sobre el número de carpetas resueltas frente al universo de casos que permanecen pendientes en el estado.
La declaración ocurre en un contexto de cuestionamientos por parte de colectivos de búsqueda, quienes han señalado la falta de información pública sobre los avances de las investigaciones relacionadas con desapariciones y agresiones contra personas buscadoras.
De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, desde 2018 ocho personas buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato y seis más permanecen desaparecidas. Ante esta situación, han solicitado a las autoridades estatales y a la Fiscalía transparentar el estado que guardan las investigaciones.
Otro de los señalamientos hacia la Fiscalía ocurrió en julio pasado, cuando el titular de la institución no acudió a la Octava Reunión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizada en Guanajuato capital, ausencia que fue cuestionada por integrantes de colectivos.
Ante los señalamientos sobre carpetas de investigación que permanecen abiertas desde hace varios años, Vázquez Alatriste insistió en que la búsqueda y la investigación de personas desaparecidas requieren la participación de distintas instituciones y de los propios colectivos.
El fiscal reconoció así que, mientras exista una persona cuyo paradero se desconozca, las instituciones mantienen una responsabilidad pendiente con las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.
