- La medida busca fortalecer la autonomía y capacidad de respuesta de la institución; atenderá casos de vulneración de derechos mediante equipos jurídicos, psicológicos y de trabajo social.
Irapuato, Gto. 26 de octubre de 2026. (asviknoticias.com). – Con el objetivo de fortalecer la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se instaló el Consejo Directivo de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Irapuato, como parte del proceso de descentralización de esta institución.
Durante el acto, la presidenta del DIF Municipal, Valeria Alfaro García, destacó que este cambio representa un paso importante para consolidar una institución con mayor autonomía, capacidad de respuesta y continuidad en la atención de las infancias, más allá de los cambios de gobierno.
Señaló que, durante varios años, la Procuraduría ha formado parte del sistema DIF municipal, periodo en el que se ha trabajado para fortalecer sus capacidades, ampliar su personal y dotarla de herramientas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.
“Detrás de cada expediente que se formula hay una historia, una niña, un niño que necesita ser escuchado, una familia que necesita ser acompañada y, muchas veces, derechos que deben ser restituidos”, expresó.
Alfaro García reconoció el respaldo de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, así como del Ayuntamiento y del gabinete municipal para concretar esta nueva etapa institucional.
Asimismo, pidió a los integrantes del Consejo Directivo asumir su responsabilidad mediante la vigilancia del funcionamiento de la Procuraduría, el impulso a su profesionalización y el seguimiento de los resultados en favor de la niñez.
A la titular de la dependencia, Claudia Patricia Vaca Hernández, le solicitó mantener como prioridad la defensa de los derechos de los menores de edad, con profesionalismo, empatía y sensibilidad.
La presidenta del DIF subrayó que el objetivo no es solamente crear una institución con mayor autonomía, sino garantizar que sea sólida, funcional y capaz de permanecer al servicio de las familias irapuatenses.
Atienden vulneraciones mediante equipos multidisciplinarios
Por su parte, Claudia Patricia Vaca Hernández explicó que la Procuraduría interviene cuando tiene conocimiento de una probable vulneración de los derechos de una persona menor de edad, ya sea que resida permanentemente en Irapuato o se encuentre de paso por el municipio.
Detalló que sus actuaciones se rigen por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la legislación estatal, además de diversos protocolos y lineamientos.
Para atender cada caso, la dependencia cuenta con equipos multidisciplinarios integrados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes realizan valoraciones para identificar los derechos restringidos o vulnerados y establecer un plan de restitución.
El área jurídica se encarga de la representación legal y de integrar los expedientes en los que se documentan las intervenciones y el seguimiento de cada caso.
En tanto, los psicólogos realizan valoraciones emocionales tanto de los menores como de los adultos de su entorno inmediato, además de proporcionar acompañamiento y contención cuando es necesario.
Los trabajadores sociales evalúan las condiciones familiares y sociales, y apoyan en la atención de necesidades como la inscripción escolar, la obtención de útiles y otros insumos básicos.
Vaca Hernández indicó que, una vez recibido un reporte, el personal se traslada al lugar donde se encuentra el menor para efectuar los diagnósticos correspondientes y determinar las medidas necesarias para restituir sus derechos.
La institucionalización es el último recurso
La funcionaria explicó que, cuando la vida, seguridad o integridad de un menor se encuentran en riesgo, la Procuraduría solicita apoyo del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) y canaliza el caso ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, cuando procede.
Precisó que la Procuraduría Auxiliar no tiene facultades para ordenar por sí misma el acogimiento residencial de una persona menor de edad, pues esa determinación corresponde a la autoridad competente, como el Ministerio Público o un juez, según el caso.
Antes de recurrir a un centro de asistencia social, se busca identificar una red familiar extensa que pueda hacerse cargo del menor, siempre que existan condiciones adecuadas para garantizar su bienestar.
Esto puede incluir a abuelos, tíos, primos u otros familiares que tengan la disposición y capacidad para brindar cuidados.
La titular de la dependencia enfatizó que la institucionalización debe considerarse únicamente como último recurso, cuando no existe una alternativa familiar viable. Mientras se resuelve la situación jurídica y familiar, los menores pueden ser canalizados a centros de asistencia social autorizados.
Con la instalación del Consejo Directivo, la Procuraduría inicia una nueva etapa orientada a fortalecer la atención especializada y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con instituciones capaces de escucharles, protegerles y defender sus derechos.
