Ciudad de México. 30 de julio de 2026. (asviknoticias.com).- La diputada federal del PAN, Cristina Márquez, aseguró que las reformas en materia de telecomunicaciones representan un intento del Gobierno Federal por controlar la información que recibe la ciudadanía y limitar la libertad de expresión.
La legisladora recordó que desde la discusión de la denominada «Ley Censura», la oposición advirtió que el objetivo era concentrar el control de los contenidos informativos. Señaló que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo encargado de otorgar concesiones y sancionar incumplimientos en el sector, fue sustituida por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dependiente del Poder Ejecutivo.
Cristina Márquez sostuvo que, bajo este nuevo esquema, cualquier información o comentario que resulte incómodo para el gobierno podría ser objeto de censura, tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Añadió que esta medida busca eliminar uno de los principales contrapesos del poder, representado por periodistas y profesionales de la comunicación.
Asimismo, afirmó que el derecho de las audiencias ya está contemplado en la legislación vigente y consideró que el verdadero debate debe centrarse en la defensa de la libertad de expresión. También cuestionó si los mismos criterios que se pretenden aplicar a los medios serán utilizados para revisar la información difundida en las conferencias matutinas del Gobierno Federal.
Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que México enfrenta el riesgo de avanzar hacia un modelo autoritario si prosperan las disposiciones que, dijo, permitirían al gobierno vigilar y regular los contenidos difundidos en radio, televisión y plataformas digitales.
El legislador afirmó que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, Morena pretende controlar la información que circula en los medios de comunicación y sancionar a concesionarios y periodistas mediante multas o incluso con la cancelación de concesiones.
Moreira Valdez aseguró que estas medidas vulneran la Constitución y representan una amenaza para la libertad de expresión, al considerar que el gobierno busca decidir qué información puede conocer la ciudadanía y descalificar a los medios y periodistas críticos.
Finalmente, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta al desarrollo de esta reforma, al advertir que, desde su perspectiva, podría significar un retroceso democrático y una concentración del control de la información en manos del Gobierno Federal.
