Falta de presupuesto retrasa aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: Sulub Caamal
Ciudad de México, 5 de julio de 2026. (asviknoticias.com).- El abogado y exdiputado Miguel Ángel Sulub Caamal advirtió que la falta de recursos e infraestructura ha impedido la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la mayoría de las entidades del país, pese a que la reforma fue aprobada desde 2023.
Explicó que el decreto de expedición estableció un periodo de transición hasta el 1 de abril de 2027 para que las legislaturas estatales armonizaran sus leyes locales y los poderes judiciales realizaran las adecuaciones necesarias para la operación del nuevo sistema.
Entre estas acciones, destacó la asignación de presupuestos para fortalecer la infraestructura judicial, habilitar salas de juicios orales, adquirir equipo tecnológico y capacitar al personal encargado de operar los nuevos procedimientos.
Sin embargo, señaló que hasta ahora únicamente cuatro entidades han emitido la declaratoria de entrada en vigor del nuevo ordenamiento: la Ciudad de México, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.
«El resto de los estados no está preparado», afirmó.
Sulub Caamal indicó que incluso la Ciudad de México, que inicialmente proyectaba la aplicación total del código durante este año, recientemente modificó su calendario de implementación y prevé concluir el proceso hasta 2027 debido a la insuficiencia presupuestal.
Asimismo, recordó que el decreto contemplaba la creación de un comité interinstitucional integrado por el Gobierno Federal y las administraciones estatales para coordinar la transición hacia el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
No obstante, consideró que dicho mecanismo quedó únicamente en el plano formal y no existió una coordinación efectiva que permitiera preparar oportunamente a las entidades federativas.
El especialista enfatizó que el retraso no solo afecta procedimientos administrativos o judiciales, sino la vida cotidiana de miles de personas que dependen de resoluciones ágiles en materia familiar.
«El tema no son solamente procesos, son vidas», expresó al señalar que de estos procedimientos depende, por ejemplo, el otorgamiento oportuno de pensiones alimenticias y la solución de conflictos familiares que requieren atención inmediata.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar los recursos necesarios y evitar que la implementación del nuevo sistema continúe postergándose
